WASHINGTON - Mientras el liderato de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se prepara para llevar a votación la semana próxima el proyecto 5278 que impondría una junta federal de control fiscal por encima del gobierno de Puerto Rico, estudiosos del tema perciben que puede ser inviable la estructura que crea.
Pero, entre los expertos, además de críticas con respecto a la imposición de decisiones sobre el gobierno local, se cuestiona la viabilidad del proceso de reestructuración de la deuda pública que propone y la efectividad de una junta federal que puede estar integrada principalmente por personas sin conexión alguna con la Isla.
Las reticencias aumentan por tratarse de una legislación que deja sin contestar la ruta que debe tomarse hacia el desarrollo económico de la Isla.
Aunque sea lo mejor que se puede lograr en el Congreso, el economista Barry Bosworth, de la Institución Brookings, piensa que el proceso que establece la legislación “no va a funcionar”, pues tiene apartados contradictorios cuando se trata de proteger a bonistas o pensionados del gobierno.
“No creo que va a poderse poner en marcha con suficiente rapidez”, dijo Bosworth, quien ha estudiado por décadas la situación económica de Puerto Rico.Por los siete miembros de la junta federal poder tener visiones dispares -cuatro sería recomendados por republicanos y tres por demócratas-, Bosworth afirmó que los miembros de la junta pueden llegar a ejercer sus funciones con agendas muy distintas.
En ese sentido, Bosworth hubiese preferido que el presidente de EE.UU. tuviera mayor flexibilidad para seleccionar los miembros.
“Puede ser un grupo de personas sin conexión con Puerto Rico y sin entender las preocupaciones de la gente común”, indicó Rafael Cox Alomar, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad del Distrito de Columbia y pasado candidato a comisionado residente en Washington por el Partido Popular Democrático (PPD).
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