Con 88 años recién cumplidos, y luego de toda una vida dedicada a la política y al servicio público, el expresidente del Senado, Miguel Hernández Agosto, se siente libre para hablar de las circunstancias que rodearon los momentos más significativos de su trayectoria.
Cómodo en la terraza de su residencia en Guaynabo, el veterano político, nacido en Las Piedras en 1927, recibió a El Nuevo Día y habló tras bastidores de la pesquisa del Cerro Maravilla y de las campañas del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Demócrata de Estados Unidos, al que estuvo vinculado durante muchos años, entre otros temas.
Hernández Agosto dice estar muy orgulloso de haber sustituido a Luis Muñoz Marín en el Senado, cuerpo que llegó a presidir, posteriormente, de 1981 a 1992. Bajo su presidencia, el Senado realizó la histórica investigación sobre los asesinatos de los jóvenes independentistas Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví, el 25 de julio de 1978, en el Cerro Maravilla.
¿Cómo fue que el Senado se decidió a iniciar la investigación sobre los sucesos del Cerro Maravilla?
Se hicieron unas investigaciones por el gobierno de (Carlos) Romero Barceló y hasta por el FBI y decían que no hubo ningún asesinato de esos muchachos. Pero el público insistía, y especialmente don Julio Ortiz Molina (el chofer de carro público que transportó a los jóvenes al Cerro Maravilla), en que sí. Yo te digo con toda franqueza, a mí se me hacía tan difícil creer que eso hubiera ocurrido porque yo no concebía que un gobierno, que está llamado a cuidar las vidas de las personas, sea el primero en troncharle la vida a una persona. Pero tenía el compromiso de estudiar la situación. Se creó una comisión. Yo quería hacer una cosa bien profesional. Y, entonces, tenía de asesor a Marcos Ramírez, que era un abogado extraordinario, y le dije: “Marcos, consígueme a una persona para entrevistarla para investigador”, porque empezaron a surgir candidatos y aspirantes. Y yo dije: “El que aspire no me convence mucho. Esto tiene que ser una cosa que la persona no la aspire”.
¿Cómo se escogió entonces a Héctor Rivera Cruz como fiscal especial?
Marcos (Ramírez) me dice: “Aquí hay un muchacho que fue fiscal, jovencito, yo no sé cómo sea como interrogador, etcétera, pero parece bueno”. Yo llamé a Héctor y coincidimos inmediatamente en la norma básica: Esto no puede ser una cuestión política, esto tiene que ser una cuestión seria. Yo le dije a Héctor: “Si pasan tres o cuatro meses y no surge nada, yo cierro la investigación”.
¿Y qué pasó después?
Pasó algún tiempo y no aparecía nada. Hasta que en un momento una persona que trabajaba en el cuartel, y que sabía los cuentos de pasillo, me dijo esto fue así y así, como se decía. Ese señor se llamaba Cástulo Martínez. Empezamos por ahí. Después necesitábamos evidencia, la ropa de los muchachos y ese tipo de cosas. Tuvimos que ir al tribunal para que nos lo dieran.
Aquí siempre el tribunal federal nos fallaba en contra y teníamos que ir a Boston. Y cada vez que ganábamos en Boston, pues teníamos una fiesta. En esta época se desarrolló mucha jurisprudencia en cuanto a la facultad de la Asamblea Legislativa de investigar. Esta jurisprudencia ha sido muy valiosa porque yo creo que ha puesto al poder legislativo en una posición de fuerza para responsablemente examinar el funcionamiento de la Rama Ejecutiva.
Eso tiene sus peligros, verdad, porque el que quiere hacerlo sin responsabilidad puede hacerlo de forma errónea. Pero si tú quieres hacer algo con responsabilidad, lo puedes hacer.
¿Cómo hicieron para probar los asesinatos?
Nosotros contratamos a dos expertos de Texas que examinaron la ropa, las armas, etcétera, y nos dijeron: “Estos muchachos fueron asesinados de esta manera”. Yo no tenía ninguna otra evidencia, nada más que la credibilidad que yo le daba a estos dos expertos, y le dije a Héctor Rivera Cruz: “Vamos a empezar las vistas porque en el proceso algo tiene que surgir”. Y empezamos las vistas y un senador del PNP (Partido Nuevo Progresista), de Isabela, maltrató a un testigo que tenía el gobierno para favorecer la posición de ellos y el muchacho se enfogonó y me dijo al terminar la vista en la mañana: “Yo quiero hablar con usted”. Yo le dije a Héctor: “Este muchacho quiere hablar conmigo. Vente conmigo para que seas testigo de lo que hay”. El muchacho nos dijo: “Esto fue así, así... yo estaba en las facilidades de radio, vi quién disparó, etcétera”. Hicimos las gestiones para que le dieran inmunidad a nivel federal y de ahí en adelante la cosa fue fluyendo fácilmente.
El esfuerzo que hizo Desiderio Cartagena (exsuperintendente de la Policía), para que esta gente no declarara fue una cosa increíble. En una ocasión, llegaron al Capitolio con una fuerza de choque para evitar que uno de los policías declarara. Pero nosotros habíamos tomado todas las medidas necesarias y declaró. Entonces, tuvimos una sesión ejecutiva una noche, donde un testigo hizo una declaración pormenorizada de cómo fueron los asesinatos. De ahí, salieron los senadores Oreste Ramos y Efraín Santiago y despertaron a Romero para decirle lo que habían oído. Yo había invitado a Romero a unirse a la investigación, pero no tuve suerte. Algo quedó probado, que fue el encubrimiento. Quiénes fueron los autores intelectuales, eso no se pudo probar.
Hay versiones de que el FBI y Romero Barceló encubrieron estos hechos. ¿Qué usted piensa?
Es una cosa tan deleznable, tan increíble. Yo, honestamente, inicié las vistas dudando de que eso hubiese ocurrido. Yo creo -y he tenido unas discusiones con Romero sobre esto- que hay un elemento político porque se comprometieron votos para (Jimmy) Carter a cambio de detener la investigación federal. Fue un trueque político. Romero me ha desmentido veinte veces. Todavía él cree que esto fue una cacería, que yo lo quería meter a la cárcel, que esto que lo otro... Es imposible que tú seas gobernador y que quieras descubrir la verdad y no lo logres. Es imposible.
Cartagena tenía toda la información y llegó a un punto en una de las vistas, que estuvo tan acorralado, que iba a explotar. Y entonces, Marco Rigau (entonces presidente de la Comisión de lo Jurídico del Senado), le dio un “break” para que testificara después y cometió el error más grande en esta (segunda) investigación. Y el error lo cometí yo porque una de las cosas de las que me arrepiento es que en aquel momento yo debí destituir a Marco y asumir la presidencia de la comisión. Pero no lo hice. Yo tenía mucho respeto por las comisiones y la autoridad de los presidentes. Pero debí hacer algo drástico en ese momento.
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