CARACAS, Venezuela — El presidente venezolano Nicolás Maduro solicitó el martes a la Asamblea Nacional una nueva ley habilitante para legislar por decreto —en un contexto de profunda crisis económica y de recrudecimiento de las tensiones con Washington— y anunció que las fuerzas militares realizarán el fin de semana un ejercicio nacional para marcar los puntos defensivos del país ante un posible ataque.
Maduro acudió a la sede del congreso acompañado de sus ministros y del alto mando militar para pedir poderes especiales a fin de "defender la paz, la soberanía y el desarrollo íntegro de Venezuela ante la amenaza del gobierno de los Estados Unidos". El mandatario habló por más de dos horas en una sesión especial que fue difundida en cadena de radio y televisión.
Maduro sostuvo que el proyecto legislativo, que denominó "ley antiimperialista", surgió como una necesidad para tener "poderes constitucionales que me permitan moverme en el complejo escenario que se ha abierto para Venezuela" tras la decisión de Estados Unidos de congelar los bienes de siete funcionarios venezolanos en territorio estadounidense y declarar al país sudamericano una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional.
Al criticar las medidas acordadas por su homólogo estadounidense Barack Obama, Maduro aseguró que representaban una "grave amenaza" para Venezuela, y expresó que, donde Estados Unidos "ha activado esta ley, ha entrado militarmente".
"Con la ley habilitante en la mano vamos a perfeccionar el sistema jurídico venezolano para que no haga falta activar el estado de excepción, y podamos nosotros proteger nuestro territorio y fortalecer la fuerza armada y la capacidad defensiva del pueblo. Prepararnos económica, financiera y comercialmente para cualquier variante de bloqueo que pueda hacer el gobierno de Estados Unidos, porque lo tiene preparado", agregó. El gobernante no precisó la duración de la ley ni los alcances que tendrá.
Maduro dijo que la fuerza armada y las milicias realizarán el 14 de marzo un "ejercicio militar defensivo nacional" en todos los estados para marcar los "puntos defensivos" del país, y para que a la nación "no la toque la bota yanqui nunca".
El mandatario logró en noviembre de 2013, siete meses después de asumir el gobierno, una primera ley habilitante de un año de duración. Durante ese tiempo promulgó 50 decretos ley que incrementaron el control del Estado en la economía, crearon el marco de funcionamiento de algunos programas sociales y fortalecieron la normativa de combate a la corrupción.
La solicitud de poderes especiales se da en medio de un complejo escenario económico por una galopante inflación, que cerró el año pasado en 68,5%; severos problemas de abastecimiento de alimentos, medicinas y otros productos básicos, y una recesión que analistas prevén se agravará por la caída del precio del petróleo, la principal fuente de ingresos del país sudamericano.
La fuerza armada se sumó el martes a las voces de rechazo a las medidas del gobierno estadounidense y expresó a través del ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, que la declaración de Washington representa una "amenaza inusual y extraordinaria".
"Acciones de esta naturaleza no son más que un subterfugio tras el cual se esconden oscuros intereses de grupos de poder internos y externos que pretenden socavar las bases de nuestra gobernabilidad y estabilidad política y social", dijo Padrino López al leer un comunicado durante un acto.
"Sabemos que es política del gobierno cuando se acercan fechas electorales buscar confrontación para aglutinar a su electorado", afirmó el secretario general nacional del partido opositor Primero Justicia, el diputado Tomás Guanipa, al asegurar que Maduro estaría utilizando las tensiones con Estados Unidos para desviar la atención de la crisis económica y cohesionar a sus seguidores de cara a las elecciones parlamentarias previstas para este año.
Las dificultades económicas y su gestión han golpeado la popularidad del mandatario venezolano, que alcanzó en diciembre pasado un respaldo popular de apenas 22%.
Guanipa expresó en un comunicado que una nueva ley habilitante para Maduro es un "peligro para el pueblo" porque solo buscaría "aumentar el control institucional en el país".
Por su parte, la ex congresista opositora María Corina Machado consideró "innecesaria" y "extemporánea" la nueva solicitud de la ley, y planteó en una conferencia de prensa que "no es una buena señal".
Las medidas de Washington se anunciaron pocos días después de que Maduro aprobó una serie de acciones diplomáticas que incluyeron la reducción de los funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Caracas y la exigencia de visa a los turistas estadounidenses.
Las nuevas tensiones entre Washington y Caracas alejan la posibilidad de normalización de las relaciones entre los gobiernos, que están sin embajador desde 2010 pero mantienen un intenso intercambio comercial a pesar de las fricciones.
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