Río de Janeiro.- Dos de las empresas investigadas por los millonarios desvíos de recursos públicos de la petrolera brasileña Petrobras firmaron hoy un acuerdo con las autoridades antimonopolio de Brasil en el que admitieron haber formado parte de un cartel para repartirse los contratos de la estatal.
El acuerdo de confesión a cambio de la reducción de las sanciones que les pueden ser impuestas por la violación de las leyes de libre competencia fue suscrita por las empresas Setal Engenharia y SOG Oleo e Gas, informó hoy el estatal Consejo de Administración de Defensa Económica (CADE).
Las dos firmas admitieron ante el órgano público que formaron parte de un cartel integrado por 23 empresas por el que se distribuían los contratos de Petrobras a cambio del pago de millonarios sobornos.
Según el CADE, los dirigentes de las dos empresas confesaron su participación en el que llamaron "Club de las Emprendedoras", ofrecieron informaciones sobre el funcionamiento del cartel y presentaron documentos que pueden servir como pruebas de sus acusaciones.
Las informaciones y los documentos serán incluidos en el proceso ya abierto por el CADE contra el cartel que se apoderó ilegalmente de los contratos de la mayor empresa de Brasil y serán ofrecidos también a la Fiscalía, responsable por las investigaciones penales en el caso de Petrobras.
La legislación brasileña prevé multas de entre el 0,1 % y el 20 % de la facturación para las empresas contra las que se demuestre que formaron parte de carteles para dificultar la libre competencia.
Mediante el acuerdo de confesión, el CADE le ofrece una reducción de hasta dos terceras partes de la multa a las empresas que colaboren con la investigación y también puede librarlas de otras sanciones, como la prohibición de que participen en licitaciones públicas o de que obtengan préstamos de bancos públicos.
Además de dar una lista de los miembros del cartel, entre los que incluyeron las mayores constructoras de Brasil, como Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão y UTC Engenharia, las delatoras dijeron que el sistema comenzó a funcionar en la década de 1990 pero que ganó más intensidad y frecuencia a partir de 2003, con la llegada del Partido de los Trabajadores (PT) al Gobierno.
Agregaron que la distribución de los millonarios contratos entre los miembros del grupo exclusivo fue posible gracias a la decisión de Petrobras de sustituir las licitaciones públicas por invitaciones especiales como forma de escoger a sus contratistas.
Según versiones de prensa, el 61 % de todas las compras hechas por Petrobras entre 2003 y 2012, por un valor de 220.000 millones de reales (unos 66.666,7 millones de dólares), fue adjudicada a empresas que recibían invitaciones para disputar los contratos y no por licitación.
SOG Óleo e Gás y Setal Engenharia fueron las primeras empresas entre las involucradas en el escándalo de Petrobras a acogerse a los beneficios ofrecidos por el CADE a las firmas que colaboran en investigaciones.
De acuerdo con la Fiscalía, las empresas acusadas de los desvíos de Petrobras obtenían contratos amañados con la estatal; inflaban los valores de los mismos y se repartían parte de esa diferencia con directivos de la estatal, al tiempo que otra parte era entregada a los políticos que amparaban esas maniobras.
Según cálculos de la Fiscalía, el volumen de recursos desviados de los cofres de Petrobras en la última década asciende a unos 2.100 millones de reales (unos 646 millones de dólares).
A lo largo de las investigaciones, la Policía arrestó a decenas de ejecutivos de importantes empresas y a cinco exaltos cargos de Petrobras, dos de los cuales se confesaron culpables y han delatado a otros presuntos implicados a cambio de una reducción de condena, y además ha abierto investigaciones a cerca de 50 políticos.
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